Netizen 24 COL: El abecé de la ley estatutaria de la JEP

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El abecé de la ley estatutaria de la JEP

Pasar al contenido principal El abecé de la ley estatutaria de la JEPJudicial1 Ago 2017 - 10:23 AMRedacción Politíca

Estos son algunos de los articulados del proyecto radicado en el Congreso por el Gobierno este martes.

Este martes el gobierno radicó en el Congreso uno de los proyectos más importantes de la legislatura que arranca: la ley estatutaria de la administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Se trata de la norma que pondrá en marcha todo lo aprobado en al acto legislativo que dio vida a este nuevo tribunal y que detalla el tratamiento que se tendrá en puntos como las extradiciones y los reincidentes.

El articulado explica, por ejemp lo, que para acceder al tratamiento especial previsto en la JEP "es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades".

Asimismo, señala el texto que quienes incumplan cualquiera de las condiciones previstas o entreguen información falsa, perderán de inmediato los beneficios y por tanto se les impondrán las sanciones ordinarias en sitios de reclusión. En materia de responsabilidades judiciales y sanciones, el texto deja claro que las mismas estarán fue rtemente soportadas en evidencia confiable y legal que haya llegado oportunamente a los tribunales de justicia. “Cuando un testigo declare contra alguna persona por conductas de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz a cambio de obtener beneficios procesales o punitivos de cualquier naturaleza, el valor probatorio de su testimonio estará supeditado a que el contenido del mismo sea corroborado por otras pruebas. Las resoluciones y sentencias de las salas y secciones pueden ser recurridas en reposición o apelación a solicitud del destinatario de las mismas".

Respecto a la seguridad jurídica, el artículo 20 del documento sostiene que todas las sentencias del Tribunal de Paz, las resoluciones de la JEP (que definan situaciones jurídicas, concedan amnistías, indultos o renuncia a la persecución penal) "harán tránsito a cosa juzgada cuando estén en firme y se garantizará su inmutabilidad. Dichas sentencias y resoluciones sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal, por las causales restrictivas expresamente determinadas en esta ley, en las normas de procedimiento o en el reglamento".

MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA

En el punto referente al tratamiento a los miembros de la Fuerza Pública, la ley estatutaria puntualiza que "se aplicarán las disposiciones contenidas en el capítulo VII del Título transitorio creado mediante el acto legislativo 01 de 2017". Es decir recibirán tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultáneo.

Habrá además una Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que tendrá la función de conceder a los agentes del Estado la renuncia a la persecución penal a quienes hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles relacionadas con el conflicto armado.

Sin embargo, el mecanismo no procederá en tres casos:

"1. Delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

2. Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

3. Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar".

FUNCIONAMIENTO Y TEMPORALIDAD

El articulado propone además tiempos y términos para la entrada en funcionamiento del sistema asegurando que debe ser a la mayor brevedad teniendo como punto de partida la firma del Acuerdo Final de Paz. "Aun cuando la JEP entró en vigencia con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2017, las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación deberán comenzar su funcionamiento a más tardar tres (3) meses contados a partir de la posesión de los magistrados designados por el Comité de Escogencia previsto en el Decreto 587 de 5 de abril de 2017. No podrá transcurrir más de un mes entre el inicio del funcionamiento de las Salas y el inicio del funcionamiento de las Secciones".

Sobre el tema de la temporalidad, el artículo 30 del proyecto especifica que el plazo para la conclusión de las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz será de 10 años que comienzan a correr a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de las salas y secciones, y un plazo posterior de 5 años más para "concluir su actividad jurisdiccion al, plazo este último que de ser necesario podrá ser prorrogado para concluir su actividad, a solicitud de los magistrados de la JEP. La Sección de estabilidad y eficacia de Resoluciones y Sentencias prevista en el parágrafo del artículo 83 de esta ley podrá constituirse en cualquier momento en que resulte necesaria, sin limitación temporal alguna".

AMNISTÍA

En primer lugar el capítulo dedicado al tema deja claro que el hecho de que una persona sea beneficiada con amnistía no quiere decir que se le exime de su resónsabilidad de contribuir al esclarecimiento de la verdad o a la reparación de las víctimas.

De igual forma se establece que estas disposiciones no van en contravía ni tendrán efectossobre los procesos de extinción de dominio que adelanta el Estado sobre bienes obtenidos de manera ilícita. "En caso de que el bien inmueble afectado por la extinción de dominio sea propiedad del padre, madre, hermano o hermana o cónyuge del amnistiado y se hubiere destinado de forma prolongada y habitual desde su adquisición a su vivienda familiar, la carga de la prueba de la adquisición ilícita corresponderá al Estado".

El aparte insiste además en que la amnistía o el indulto no serán aplicados a quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad, genocidio, infracciones al Derecho Internacional Hunmannitario, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, etc.

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